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El asunto es grave: durante su gestión se aplicó eutanasia a más de 10 mil perros. Exijo que presente los 10 mil expedientes uno por uno, que demuestre cómo murió cada ser sintiente y que acredite los casos donde esos perros mordieron a niños o representaban un riesgo real.

Si no puede probarlo, debe ir a la cárcel por maltrato animal, tal como lo establece el Código Penal del Estado de México (de 6 meses a 4 años, hasta 6 si hubo agonía prolongada). Una servidora pública que sacrifica así no es más que una asesina.